El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con José Luís Escrivá a la cabeza, acaba de aprobar la reforma de las pensiones en el Congreso de Diputados. La ha llevado a cabo con el apoyo sindical y de los agentes sociales, pero sin el beneplácito de la patronal, que observan las nuevas medidas no solo como un órdago contra el sector empresarial, sino también contra los trabajadores. ¿Cuáles son las nuevas medidas de esta reforma? ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Pero, sobre todo, ¿es sostenible el nuevo sistema de pensiones que plantea el ministro Escrivá? 

La reciente reforma se ha cocinado en dos fases. La primera de ellas se empezó a gestar en 2019 y se aprobó en diciembre de 2021, después de un acuerdo con sus interlocutores sociales que supuso la derogación de la anterior reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, en 2013. 

De esta manera, y en ese primer paquete de medidas, las pensiones recuperaron la revalorización anual según el Índice de precios al consumidor (IPC) –sin rebajas cuando el indicador fuera negativo–, en sustitución del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), introducido por el PP; y se derogó el polémico Factor de Sostenibilidad (FS), con el que la cuantía anual de las pensiones se reducía o aumentaba en proporción al incremento o disminución de la esperanza de vida. Para los sindicatos, en la práctica, este FS reducía progresivamente las pensiones, con recortes acumulativos que aumentaban cada cinco años; en cambio, para muchos economistas, así como para el sector empresarial, el FS era un elemento que podía equilibrar el sistema y evitar que se disparase el gasto.

En la segunda fase –regulada recientemente bajo el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo– destacan tres novedades: el incremento de las bases máximas de cotización; la introducción y el desarrollo del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) –que ya empezó a funcionar el 1 de enero de este año–; y la creación de una cuota de solidaridad, en el que se gravan los salarios más altos. 

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha criticado con dureza la reforma de Escrivá, aludiendo sobre todo a la destrucción de empleo, pero también por perjudicar a los propios trabajadores. Fuentes de la CEOE aseguraron a entremayores que la reforma “pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes (energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales), con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo”. Además, desde la patronal señalaron que “el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y en las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará sus salarios e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro –insistieron– la creación de empleo”.

Desde la otra esquina ideológica, Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CC OO), opina que este vaticinio de la destrucción de empleo “no resiste la menor crítica” y asegura que el argumento de que la reforma “recorta los derechos de los trabajadores es pura elucubración, además de faltar a la verdad”. Precisamente, apunta el sindicalista, de lo que trata la reforma es de “garantizar que las pensiones de los futuros pensionistas sean equivalentes a las actuales”.

En una línea similar se encuentra Miguel Ángel Cabra, secretario general de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que “valora muy positivamente el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social con los agentes sindicales”. Un acuerdo que, estima Cabra, “cumple con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y establece garantías para la sostenibilidad del sistema público de pensiones”. Es decir, la plataforma comparte el objetivo fundamental de la reforma, “con medidas que establecen el incremento progresivo de ingresos al sistema para que este pueda afrontar de forma sostenible las consecuencias del envejecimiento de la población y asegurar las prestaciones de jubilación para las próximas generaciones”.

La primera pregunta sería: ¿cuáles son los cambios más importantes con respecto al sistema anterior y a quién benefician más estas nuevas medidas? La reforma de Escrivá plantea un modelo dual para calcular la cuantía de las pensiones: o bien con los últimos 25 años laborales (como venía sucediendo hasta ahora) o bien escogiendo los últimos 29 años y excluyendo los dos peores. Así se empezará a calcular a partir de 2027 y así se mantendrá hasta 2038, año en el que ya solo imperará la segunda opción. Mientras tanto, la Seguridad Social aplicará de base la opción más ventajosa para el trabajador.

Otra modificación sustancial de la reforma es el de las bases máximas de cotización, que suben cada año conforme al IPC, más una cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. 

De igual forma, se revalorizan las pensiones máximas, las no contributivas y las mínimas contributivas. Las primeras lo harán con el IPC, más el 0,115% hasta 2050, lo que supone un alza del 3% durante esos años. Por su parte, las no contributivas por jubilación e invalidez crecerán por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza; y las pensiones mínimas contributivas alcanzarán, al menos, el 60% de la renta mediana en 2027.

Escrivá también introduce otras novedades que intentan equilibrar algunas desigualdades como, por ejemplo, el complemento para reducir la brecha de género en las mujeres: sus pensiones contributivas subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

Por otro lado, se aplicará la llamada ‘cuota de solidaridad’ que afectará a los salarios que superen la base máxima de cotización, cercana a los  54.000 euros. Esta cuota será del 1% en 2025, y se irá incrementando un 0,25 % por año, hasta llegar al 6% en 2045. De este nuevo tributo, la empresa se hará cargo del 5% y el trabajador del 1%.

Finalmente, y como se mencionó al inició, aparece el MEI, tributo que afecta a todos los trabajadores y que se sitúa en el 0,6% (0,5% para la empresa y 01% para el trabajador). El MEI subirá una décima anual hasta 2029, un 1,2% (1% para la empresa). El tributo se mantendrá en esta tasa hasta 2050.

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CC OO cree que una de las medidas más importantes es la derogación del mencionado Factor de Sostenibilidad, “por el que se condenaba a los futuros pensionistas a que sus pensiones se vieran recortadas hasta el 20%”. Para Sepúlveda, la reforma de Escrivá “beneficia a todos, pero sin duda, beneficia a los futuros pensionistas que no verán recortadas sus pensiones; y a las mujeres, por las medidas que se han introducido para incrementar los complementos para paliar la brecha de género”.

En una posición diametralmente opuesta se encuentra la CEOE, que asegura que se trata de “una reforma regresiva en toda su extensión, porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”. Además, indican desde la patronal, “la voracidad recaudatoria del Gobierno que manifiesta la reforma de las pensiones socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbida parte de los incrementos en su retribución”.

En relación a estas críticas basadas en las subidas de las cotizaciones, José Antonio Herce, doctor en Economía y socio director de LoRIS, nos explica que no está seguro de si estas medidas destruirán empleo, pero cree que “van a encarecer la contratación de talento”. Por el contrario, Herce tampoco espera que estas puedan  fomentar el empleo y, apunta, “o lo reducirán, o reducirán los salarios brutos de los trabajadores a medio y largo plazo”.

Uno de los debates clave en torno al sistema de pensiones es el de su sostenibilidad a medio y largo plazo. El sistema español se ciñe a varios preceptos inamovibles, entre los que están el principio de reparto (las cotizaciones de los trabajadores en activo sirven para financiar las prestaciones actuales); el de proporcionalidad contributiva (lo que se aporta es proporcional a lo que luego se recibe); el de la gestión pública (la Seguridad Social debe estar financiada y gestionada por entidades públicas); y el de suficiencia de prestaciones, es decir, que estas sean de un nivel de vida similar al que se tenía cuando se estaba trabajando.

La sostenibilidad financiera no es otra cosa que asegurarse de que los ingresos (las cotizaciones) cubran los gastos (las prestaciones). Sin embargo, hay variables que dificultan este cometido. Uno de ellos es el progresivo envejecimiento de la sociedad debido al aumento de las esperanza de vida (más personas jubiladas y más años abonando las pensiones); otro es la escasa natalidad, ya que merma el número de cotizantes futuros. 

Precisamente, las mayores críticas que ha recibido la reforma de Escrivá es que esta no resuelve el perpetuo déficit contributivo del sistema español. Para Inmaculada Domínguez, profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, esta reforma implica un incremento de los gastos y de los ingresos, como hemos visto hasta ahora, pero estos ingresos “suponen un mayor coste laboral, que tiene efectos en los costes que tiene que soportar el empresario y también el trabajador”. Domínguez asegura que “son múltiples los informes y los organismos que indican que el incremento de ingresos que se ha diseñado es claramente insuficiente para el incremento de gasto que se producirá, tanto por estas medidas, como por el déficit que ya arrastra la Seguridad Social y que se verá aumentado por la entrada de la generación del baby boom como pensionistas”. 

Algunas de los organismos a los que se refiere Domínguez son, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en el documento Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo, en el que se analiza el impacto del cambio demográfico en las cuentas públicas, advierte que la reforma supone un aumento del déficit del sistema de 1,1 puntos del PIB en 2050, en comparación a si estas medidas no se hubieran producido nunca. Para AIReF, el mayor problema es la eliminación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, lo que eleva todavía más el gasto hasta los 2,7 puntos del PIB de aquí a 30 años.

Según fuentes de la CEOE, y en relación a los datos que publica la AIReF, “la reforma supondrá 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones de euros: 0,4 puntos por el MEI; otros 0,4 por el incremento de las bases máximas de cotización; y otra décima por la cuota de solidaridad. Todos son impuestos al trabajo. Además, la AIReF estima que el impacto de la reforma al sistema de cotizaciones del régimen de autónomos será de cinco décimas del PIB”.

Otro informe titulado La reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023. Contenido y posibles efectos, del Instituto Santalucía, publicado el pasado mes de abril, indica que “el gasto público en pensiones ha crecido 1,3 puntos del PIB en un quinquenio, pasando del 12,3% al 13,6% del PIB desde 2019 a 2023”. Además, el déficit total del sistema público de pensiones, apunta el informe, “se eleva a 1,8 puntos de PIB cuando se añade el saldo negativo del Régimen de Clases Pasivas”. Es decir, el informe remarca que el sistema público de pensiones en España ya se encuentra en “una situación financiera comprometida”.

Ante estos augurios de que las medidas de ahorro no serán suficientes respecto al gasto que genera el sistema, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CC OO señala que, desde el inicio de la negociación, “era necesario mejorar los ingresos del sistema, cambiando el paradigma del anterior Gobierno de fiarlo todo a la disminución del gasto”. Sepúlveda destaca varias medidas, entre las que están el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para las personas autónomas, que fue acordado en la primera fase de la negociación. También pone en valor la “garantía por ley de transferencias del Estado (hasta el 2% PIB) para ayudar a la sostenibilidad del sistema. Por primera vez, se desarrolla por completo el Principio de separación de fuentes acordado en el Pacto de Toledo (1995), de manera que el Estado, además de financiar íntegramente las prestaciones asistenciales, refuerza su papel como garante público del sistema en su integridad”.

El secretario general ve positivo también la implementación del MEI, ya que “hay que recordar que desde 1995 hasta hoy, los empresarios y trabajadores redujeron su aportación en 6 puntos, (5,55% los empresarios y 0,45% los trabajadores” y con el MEI “cada persona trabajadora aportará dos euros por cada 1.000 euros de salario, que recuperará parcialmente en su declaración de la renta. Las empresas también recuperarán parte de lo cotizado realizado en nombre de la persona trabajadora a través de la correspondiente deducción en el impuesto de sociedades”.

Sepúlveda incluso estima que “el acuerdo de pensiones debería haber sido más ambicioso en la reducción de la brecha de género, es decir, en mejorar las pensiones de las mujeres que por diversas circunstancias (cuidado de hijos, familiares, etcétera) han tenido que interrumpir sus carreras profesionales o trabajar con disminución de jornada. En todo caso, el Gobierno ha aceptado tramitar la ley de reforma de las pensiones como proyecto de ley, y ahí se podrán introducir algunas mejoras”.

Por su parte, desde la PMP, Cabra se muestra conciliador en cuanto a la cuestión de la sostenibilidad del sistema: “Apoyamos la evaluación trianual por parte de la AIReF para analizar, aplicar las correcciones necesarias al sistema y asegurar la buena salud de las pensiones”. Para la plataforma, “los cálculos actuariales a tan largo plazo pueden variar según la metodología empleada, así que puede haber discrepancias entre diferentes actores; en términos generales, nos parecen correctos los utilizados por el Gobierno, pues partimos del principio de presunción de legitimidad”. 

Las propuestas de este segundo bloque de la reforma refuerza la solidaridad del sistema de pensiones, “con avances en la atención a los pensionistas más vulnerables”, remarca Cabra. Para la PMP, “los ingresos y su redistribución son determinantes para decidir qué tipo de sociedad queremos, y esto tiene especial relevancia en un momento de tendencia inflacionista muy perjudicial para las economías domésticas y que genera grandes dificultades para mantener condiciones de confortabilidad y accesibilidad en las viviendas, así como garantías para la salud, la alimentación sana y los servicios de atención y cuidados”.